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REACTIVEMOS EL PERÚ |
PROPUESTAS AL
PRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO PARA LA REACTIVACIÓN Y EL EMPLEO
El Perú sufre desde hace mas de cinco años una grave crisis de
recesión y desempleo. La crisis internacional y los desastres naturales ocurridos en este
período son factores que han contribuido a esta situación pero, la causa principal es la
aplicación de una política económica neoliberal que ha demostrado su incapacidad para
producir un crecimiento sano y con generación de empleo; que ha acrecentado la desigual
distribución del ingreso y acentuado el centralismo; y, que ha reprimarizado la
economía.
En las últimas elecciones generales, el pueblo votó mayoritariamente
por el restablecimiento de la democracia y la institucionalidad, pero votó también por
un cambio del modelo económico aplicado durante toda la década del noventa
Cambiar el modelo económico neoliberal no significa apostar por
medidas populistas ni abandonar un manejo responsable de los gastos fiscales, sino adoptar
una nueva estrategia de desarrollo con justicia social que supere al fujimorismo
económico. Una nueva estrategia con medidas concretas para reactivar los sectores
productivos que generan mas empleo; es decir, la agricultura, la industria manufacturera,
la actividad de la construcción, el turismo y las micro y pequeñas empresas.
En nuestro país no se pueden aplicar políticas de tipo general o
tasas "flat" pues tenemos grandes desigualdades, un altísimo nivel de pobreza,
desempleo y subempleo, mercados fragmentados, información asimétrica, mercados que
funcionan en condiciones de competencia imperfecta (monopolios, oligopolios, abuso de
posición dominante en el mercado) y miles de peruanos que no participan en el mercado. En
éstas condiciones, no son suficientes políticas monetarias y fiscales contracíclicas,
se deben aplicar eficaces y oportunas políticas sectoriales. Esto es lo que no aceptan el
Ministro Kuczynski ni su equipo de asesores. La mejor manera de generar confianza y
estabilidad para los inversionistas es logrando que el país reactive su capacidad
productiva, generando un crecimiento sostenido con empleo y mejora en el bienestar de la
población.
El Partido Aprista Peruano, consciente del papel que le corresponde
como depositario de cinco millones de votos en la última elección, reconociendo que
algunos puntos aislados aquí propuestos comienzan a implementarse, reitera su permanente
disposición para buscar la concertación y la gobernabilidad pero, atento a la política
económica que se viene aplicando, propone a la consideración del gobierno un conjunto de
medidas concretas y sectoriales para la reactivación productiva con empleo.
A) Medidas para aliviar la deuda tributaria y financiera de las
empresas; a través de:
- Promulgación por el Presidente de la ley de desagio o sinceramiento tributario
recientemente aprobada, que actualiza el monto de la deuda al valor del capital inicial,
elimina intereses moratorios y compensatorios; fracciona el saldo por un periodo de 10
años y con una tasa del 6%; y, otorga un "bono de buen contribuyente" a las
empresas que sí pudieron cumplir con sus obligaciones.
- Suspensión inmediata de los embargos y remates por parte de la SUNAT.
- Modificación de la actual legislación sobre centrales de riesgo para eliminar de sus
registros a todos aquellos que ya cumplieron con cancelar sus deudas.
- Eliminación de intereses moratorios, multas y otros componentes de los créditos
otorgados por el Banco de Materiales, Fonavi, Enace, USPAC, la Banca de Fomento en
Liquidación y condonación de sus deudas en las zonas siniestradas o en los casos de
pobreza extrema.
- Pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) para las venta a plazos en el momento en
que éstas se hagan efectivas y no en el momento de la facturación como ahora sucede.
B) Medidas orientadas a reducir las tasas de interés:
- La disminución de la tasa de redescuento del Banco Central de Reserva para que se
constituya en una tasa de referencia con tendencia a la baja. La referida tasa ya ha
estado reduciéndose tanto en nuevos soles como en US dólares.
- Cambio al reglamento de subastas de fondos del Estado para premiar al Banco que ofrece
la menor diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa.
- Colocación progresiva en el Banco de la Nación de los incrementos en los fondos del
Sector Público; el Banco Central de Reserva esterilizará dichos fondos y otorgará una
línea de redescuento a los Bancos a tasas adecuadas.
- Flexibilizar aún mas la política de provisiones que la Superintendencia de Banca y
Seguros exige a las instituciones financieras, de manera de combinar una adecuada
valorización y cobertura de riesgo con la reactivación económica. El primer paso ya se
ha dado para aquellas empresas que, por primera vez, se han reestructurado via INDECOPI o
han refinanciado via el sistema financiero. El proceso que se ha iniciado debe
profundizarse.
- Establecer un Fondo de capitalización con parte de las acreencias que tienen los bancos
con empresas que se consideren viables, por un monto entre US$ 200 y US$ 400 millones,
provenientes de líneas de COFIDE, CAF, BLADEX y de la banca local. Su efecto
multiplicador podría estar entre US$ 1,000 y US$ 2,000 millones.
- Acordar un código de conducta de la banca para proteger al ahorrista, especialmente en
lo referente al spread bancario, el tarifario bancario en el uso de cartas de crédito y
contra el agio y la usura.
- Solicitar al Directorio del Banco Central de Reserva del Perú que, a la brevedad
posible, proponga medidas viables e imaginativas para contribuir a la reducción de las
tasas de interés activas.
C)Medidas orientadas a iniciar la reactivación productiva por
sectores
- Inmediata puesta en funcionamiento del Banco Agropecuario ya creado por ley como
institución financiera de primer piso y con capital mixto, con crédito supervisado y
asistencia técnica al productor agrario.
Para ello, se debe derogar el DS No. 003-2002-AG y transferir al nuevo
banco 30 millones de nuevos soles del Fondo Rotatorio del Ministerio de Agricultura así
como 70 millones de nuevos soles provenientes de la Reserva de Contingencia del
Presupuesto de la República para el ejercicio 2002, hasta completar un capital inicial de
100 millones de nuevos soles. Adicionalmente, debe acelerarse el proceso de
implementación del banco para que pueda atender a los productores agrarios en la presente
campaña agrícola.
- Impulsar el Programa de Rescate Financiero Agrario para salir del entrampamiento que hoy
existe con la deuda atrasada de los agricultores, para lo cual se debe modificar la Ley
No. 27551, incorporando al INDECOPI como ente conciliador que permita que las
instituciones financieras participen del refinanciamiento..
Esta medida es necesaria pués, al 31 de agosto del 2001, de 4,396
solicitudes ingresadas para acogerse al Programa por un monto de 91 millones de nuevos
soles, sólo han sido aprobadas 474 operaciones (el 9.6% del total) por un monto
refinanciado de 25.5 millones de nuevos soles.
- Cese de juicios y embargos a los agricultores.
- Aumento del Programa de Compras Estatales a los productores agrarios nacionales, lo que
puede utilizarse como garantía para compras a futuro y para el financiamiento de los
insumos necesarios para la campaña agrícola.
En el año 2001, las compras estatales de alimentos ascendieron a 782
millones de nuevos soles en programas sociales y 200 millones de nuevos soles en mercados
institucionales (fuerzas armadas, hospitales, beneficencias), lo que hace un total de 982
millones de nuevos soles.
- Establecimiento de un arancel cero para bienes de capital e insumos agrícolas. Un
programa piloto para la tecnificación del agro en el año 2002 incluiría la importación
de 1,000 tractores, 500 cosechadoras, 7,000 semovientes, equipos de riego y productos
agroquímicos por un monto de US$ 150 millones con un costo fiscal de US$ 45 millones.
- Poner en marcha un Programa de Rehabilitación de Andenes y de desarrollo de la
agricultura orgánica en la sierra así como la promoción de inversiones en tierras
eriazas de la costa.
- Defensa de la producción agraria nacional frente a las importaciones de alimentos
subsidiadas.
- Acuerdo de Gobernabilidad Agraria y promoción de las organizaciones de productores
agrarios.
- Reducción del arancel al 0% para insumos y bienes de capital no producidos en el país,
lo que tiene un costo fiscal de US$ 44 millones, pero cuyo beneficio se expresará en una
mayor producción y productividad de las empresas.
- Arancel escalonado para productos industriales con tasas de 4%, 10%, 15% y 20%, en
armonía con nuestros compromisos con la Comunidad Andina y la Organización Mundial del
Comercio.
En un plazo prudencial, las partidas arancelarias que se encuentran con
un arancel del 20% deberán importarse a una tasa menor, de manera que el país cuente con
tres tasas arancelarias nominales.
- Programa de Compras Estatales para la industria nacional, y las Pymes en los sectores de
calzado, confecciones, metal-mecánica e industria de alimentos. Los uniformes, zapatos y
alimentos para las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ESSALUD y otras instituciones
públicas deben ser abastecidas por empresas peruanas. (Al menos un 70% del total de
compras estatales deberían ser bienes y servicios de origen nacional y dar trabajo a
miles de peruanos).
- Drástica lucha contra el contrabando y todo tipo de competencia desleal que perjudique
a la industria nacional.
Se estima que las mercaderías que ingresan al país por diversas
modalidades de contrabando tienen un valor anual que oscila entre US$ 500 y US$ 700
millones, lo que significa una evasión tributaria por un monto no menor a US$ 140
millones al año. En los casos de piratería y falsificación se afecta, por ejemplo, el
40% de las ventas de confecciones, el 60% de la producción de discos y el 90% de la
producción de piscos.
- Celebración de un Acuerdo Nacional por la producción y por el empleo. El costo
promedio de un puesto de trabajo en las diferentes ramas de la industria nacional asciende
a US$ 20,000, mientras que en el sector textil-confecciones el costo de un puesto de
trabajo es de alrededor de US$ 1,200. Con éste Acuerdo se logrará utilizar el 48% de la
capacidad instalada industrial actualmente ociosa y generar no menos de 200,000 puestos de
trabajo en un año.
- Uso urgente de US$ 300 millones del Fondo Mivivienda para la construcción por parte del
sector privado de 30,000 viviendas permitiendo que los intereses por préstamos
hipotecarios puedan ser deducibles del pago del impuesto a la renta
Lo anterior permitirá, además, vender parte de los 5,000
departamentos y casas ya construidas y no vendidas cuyo valor aproximado es de US$ 320
millones, con el consiguiente efecto reactivador vía crédito hipotecario, nuevas
construcciones para reponer el stock vendido y alrededor de 40,000 nuevos puestos de
trabajo.
- Permitir la utilización de parte de los depósitos por concepto de CTS en el pago de la
cuota inicial para acceder al financiamiento habitacional del Programa Mi vivienda.
Actualmente, el total de depósitos por concepto de CTS en el sistema bancario asciende a
US$ 1,032 millones.
- Dotar de los recursos presupuestales necesarios para acelerar el Programa de
Reconstrucción del sur del país, luego de los terremotos que afectaron éstos pueblos.
- Utilización de al menos 50% de los fondos que se obtengan por futuras privatizaciones
para la construcción de carreteras de penetración y caminos rurales en todo el país.
Esto permitiría disponer de un monto no menor a US$ 350 millones para éste propósito.
- Restablecimiento de la legislación que obliga a las empresas extranjeras en el sector a
asociarse o subcontratar a las empresas nacionales de construcción.
- Devolución de impuestos indirectos (IGV, ISC) para paquetes de turismo receptivo,
tratando al turismo como una verdadera actividad de exportación de servicios.
- Priorizar en el presupuesto público la construcción de la infraestructura necesaria
para dotar a los nuevos circuitos turísticos de efectivas ventajas competitivas, en
especial los vinculados a los segmentos de turismo histórico-cultural, turismo de
naturaleza-aventura, y turismo participativo.
- Promoción, en coordinación con los gobiernos locales, de programas de capacitación y
financiamiento para convertir casas en lugares de hospedaje que generen empleo local.
- Consolidación de un Sub-sistema de Microfinanzas, con una línea de crédito de US$ 50
millones y actuando COFIDE como banco de segundo piso y las EDPYMES, Cajas Rurales y Cajas
Municipales de Crédito como bancos de primer piso.
- Exoneración del pago del IGV a las ONG´s que otorgan préstamos a las PYMES.
- Adecuación de las políticas regulatorias de la Superintendencia de Banca y Seguros a
la realidad de las instituciones de microfinanzas.
- Relanzamiento de los programas estatales de calzado y vestido escolar. Sólo el programa
de calzado escolar podría significar la producción de 2 millones de pares de calzado por
un monto cercano a los US$ 15 millones.
- Apoyo y financiamiento para la conformación de asociaciones de pequeños productores,
consorcios de exportación, programas de subcontratación y búsqueda de socios
estratégicos. Se estima que existen entre 130,000 y 160,000 microempresarios que dan
empleo a alrededor de 1 millón de personas en todo el país.
- Fortalecimiento patrimonial incrementando en US$ 50 millones los recursos del FOGAPI
como sistema de garantía para las PYMES, lo que significaría un movimiento de recursos
hasta por US$ 250 millones en beneficio de los micro y pequeños empresarios.
- Mejora sustancial en la regulación de las tarifas de servicios públicos sobre la base
de las reglas del mercado, permitiendo la competencia y respetando los contratos
suscritos, lo que permitirá la reducción de las tarifas de teléfonos, electricidad y
agua.
- Participación de los usuarios en los Organismos Reguladores de Servicios Públicos.
- Reestructuración de la deuda con la banca de consumo, buscando mayores plazos y menores
intereses.
- Restablecimiento progresivo en 3 años de la educación gratuita en escuelas y
Universidades Públicas.
- Programa para la disminución de los precios de los medicamentos facilitando el mercado.
- Creación y promoción en todo el país de las Unidades de Defensa del Consumidor.
- Dotación de recursos para los pueblos del interior del país
- Calcular el valor del canon minero considerando todos los impuestos que pagan las
empresas mineras (Impuesto Selectivo a los Combustibles, Aranceles, Impuesto a la Renta de
trabajadores, etc.) y no sólo el Impuesto a la Renta de las referidas empresas, lo que
significaría la redistribución de alrededor de US$ 100 millones en impuestos que en
buena parte hoy se quedan en la caja del gobierno central.
- Establecer que las empresas paguen sus impuestos en el lugar donde se desarrolla el
proceso de producción o explotación del recurso y no donde la empresa establece su
oficina principal o domicilio legal y reducir para el futuro el margen de deducción por
reinversión.
- Asegurar que los recursos de futuras privatizaciones se destinen a la inversión en
obras de infraestructura en las mismas provincias y departamentos en los que se encuentra
la empresa o proyecto privatizado.
- Asegurar el normal y oportuno pago de los recursos del Canon que corresponden a los
Municipios, evitando el uso de los mismos con criterio de "caja única" en el
Ministerio de Economía y Finanzas.
- Medidas orientadas a incrementar y diversificar las exportaciones, a través de:
- Desarrollar un esfuerzo conjunto para apoyar las negociaciones con el Congreso y el
Ejecutivo Norteamericano a fin de obtener la prórroga y ampliación de la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA), lo que significará elevar las exportaciones de
confecciones de US$ 700 millones a US$ 1,500 millones en un año.
- Fortalecer a la Comisión de Promoción de las Exportaciones (Prompex), incrementando su
presupuesto de US$ 3.5 Millones a US$ 12 millones.
- Fusionar al Prompex con Promperu.
- Establecer un sistema integral de información comercial (Portal Perú).
- Promover programas priorizados de exportación con alto valor agregado como son las
confecciones, calzado, metal-mecánica, agroindustria y turismo, lo que permitirá
incrementar el valor de las exportaciones no tradicionales en no menos de US$ 1,000
millones anuales.
- Creación de un Fondo Financiero de Promoción de Exportaciones por un monto inicial de
US$ 200 millones.
- Medidas orientadas a contrarrestar los efectos de la crisis internacional, a través de:
- Creación de un fondo de estabilización monetaria, con recursos provenientes de las
reservas internacionales, con el objetivo de mitigar los efectos de los shocks externos.
Inicialmente, este fondo podría oscilar entre US$ 300 y US$ 500 millones.
- Medidas de emergencia para ayudar a las empresas de transporte aéreo, seguros y de
turismo.
- Establecimiento de una comisión multisectorial del más alto nivel que, en un plazo
inmediato, evalúe el impacto de la crisis internacional y proponga las medidas
necesarias.
- Uso más eficiente y reactivador del gasto público
- Reestructuración del gasto público presupuestado, reorientando recursos del gasto
corriente al gasto de inversión de forma que este último represente al menos 15% del
gasto total.
Para ello se debe reestructurar el gasto corriente, en especial en lo
que corresponde a las partidas de bienes y servicios, así como priorizar en el
presupuesto la asignación de los recursos destinados a contrapartidas nacionales que se
requieren para la rápida utilización de créditos concesionales ya concertados y no
desembolsados y cuyo destino son obras de infraestructura y programas sociales.
- Racionalización de los altos sueldos de la burocracia estatal; eliminando la planilla
secreta en dólares y estableciendo un escalafón en el que se remunere con el criterio: a
un mismo trabajo igual remuneración.
- Desactivación inmediata del Ministerio de la Presidencia y transferencia de sus
recursos, programas y fondos a los gobiernos locales y futuros gobiernos regionales.
Así, por ejemplo, la transferencia del PRONAA, Cooperación Popular y
el Programa del Vaso de Leche a los Municipios en todo el país implicaría un total
transferido de 600 millones de nuevos soles al año.
- Programa de Capacitación y Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la gestión
municipal en todo el país.
- Fusionar todas las instituciones y programas del Estado orientadas a la lucha contra la
pobreza para mejorar su eficiencia, transparencia y sostenibilidad.
- Mejora de la capacidad negociadora del Estado, a través de un programa de compras
estatales que utilice las modernas tecnologías de gestión y transparencia
(e-government).
- Desarrollar negociaciones para mejorar el perfil del servicio de la deuda pública
externa, especialmente en la parte no reestructurada de la deuda con el Club de París.
El costo fiscal de éstas medidas reactivadoras será de
aproximadamente US$ 1,000 millones que serán financiados con US$ 300 millones del Fondo
Mivivienda; US$ 350 millones de los ingresos por privatización; US$ 210 millones de la
reestructuración del Presupuesto del Sector Público y US$ 140 millones de la mayor
recaudación como consecuencia de los programas de lucha contra el contrabando, la
piratería y la subvaluación.
La aplicación integral de éste paquete reactivador permitirá iniciar
un sano proceso de crecimiento económico con responsabilidad fiscal y generar no menos de
500,000 puestos de trabajo productivos en los próximos doce meses, evitando que otros
miles de trabajadores sean despedidos como ocurre actualmente.
Lima, 26 de enero del 2002
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